Durante los últimos años, la Unión Europea ha emprendido una profunda transformación bajo la bandera de la llamada “transición ecológica”. Suena bien: menos contaminación, más salud, un planeta habitable. Sin embargo, el modo en que estas políticas se están implementando en los Estados miembros plantea una cuestión incómoda: ¿estamos defendiendo el medio ambiente o construyendo una burocracia que limita libertades?
El término “ciudades jaula” ha ganado fuerza entre quienes perciben que las medidas de movilidad sostenible —zonas de bajas emisiones, restricciones de tráfico, peatonalizaciones forzadas— han pasado de ser políticas ambientales a instrumentos de control social y fiscal.
El mensaje oficial es que “no se prohíbe moverse, solo se prioriza lo sostenible”. Pero en la práctica, millones de europeos se encuentran sin alternativas reales de movilidad: transporte público insuficiente, vehículos eléctricos inaccesibles, y normativas que cambian al ritmo de los despachos de Bruselas.