El Gobierno británico está considerando una propuesta para un sistema de identificación digital obligatorio llamado "BritCard" que haría a todos los ciudadanos dependientes de un pase digital para realizar su vida diaria.
Este sistema, que también se está estudiando en la Unión Europea, cambiaría fundamentalmente la naturaleza de la relación de los ciudadanos con el Estado y convertiría al Reino Unido en una sociedad de “papeles, por favor”.
Todos los ciudadanos quieren poder demostrar su identidad de forma segura, privada y cómoda. Sin embargo, una identificación digital obligatoria no es una solución mágica para todas las situaciones. Es incompatible con los valores que sustentan una sociedad libre y plantea graves riesgos para la privacidad, la seguridad y la igualdad.
Las personas pertenecientes a grupos marginados, vulnerables y minoritarios tienen más probabilidades de tener un acceso reducido a los servicios en línea (por ejemplo, personas con discapacidades, personas de bajos ingresos o ancianos), en particular cuando la identidad digital es un requisito indispensable para realizar gestiones diarias.
Un sistema de identificación digital centralizado también sería una trampa para piratas informáticos y enemigos extranjeros, creando enormes riesgos de seguridad digital para los datos de todos.
Los políticos han intentado, sin éxito, vender identificaciones digitales al público británico como una solución vital para una serie de problemas, incluida la lucha contra el terrorismo e incluso la protección contra el Covid.
Pero Gran Bretaña ha rechazado históricamente diversas formas de identificación obligatoria, y se debe rechazar esta también.
El informe 'Checkpoint Britain: los peligros de la identificación digital y por qué se debe proteger la privacidad', de Big Brother Watch, es una respuesta oportuna a la decisión del Gobierno de estar a punto de obligar a todos los adultos del Reino Unido a utilizar un gigantesco sistema de identificación digital, todo en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal.
Seamos claros: nadie votó por un sistema de identificación digital y el gobierno no tiene ningún derecho a implementarlo.
Este nuevo e importante informe examina cómo la identificación digital obligatoria convertiría al Reino Unido en una sociedad que la ciudadanía británica ha rechazado persistentemente durante décadas. Explica en detalle cómo podría funcionar un sistema de identificación digital, cómo el gobierno podría exigir su aplicación a diversos servicios públicos y el devastador impacto que tendría en la privacidad y las libertades civiles.
También incluye una encuesta independiente que se ha encargado y que muestra que la clara mayoría del público británico (63%) no confía en que el gobierno mantenga seguros sus datos de identificación digital.
RESULTADOS CLAVE
En el peor de los casos, los sistemas de identificación digital pueden permitir la vigilancia de toda una población, limitar las libertades, predecir y moldear las decisiones de las personas o ser utilizados de forma indebida para rastrear y atacar a grupos concretos, como la disidencia política o grupos concretos de individuos.
Hay poca evidencia que demuestre que un sistema de identificación digital disuadiría la inmigración ilegal o el fraude laboral. En cambio, supondría una carga para los ciudadanos y las empresas que cumplen la ley.
Es muy probable que un sistema de identificación digital se utilice para más que su propósito original. El gobierno ya está considerando propuestas que exigirían la identificación digital para la verificación de empleo y alquiler, y la pregunta es, ¿con qué derecho?
Además se podría utilizar laidentificación digital para rastrear interacciones cotidianas como votar en línea, pagar facturas y realizar compras.
Los errores y fallos del sistema eVisa plantean serias dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar un sistema gigantesco de identificación digital.
La mayoría del público británico ha expresado serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para proteger las enormes cantidades de datos personales recopilados en un sistema de identificación digital.
Lejos de ser un caso atípico y retrógrado, el Reino Unido está a la par de países que han heredado sus sistemas legales, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, al rechazar sus ciudadanos sistemáticamente los sistemas de identificación obligatorios.