La Comisión Europea ha anunciado un plan para reforzar su actuación frente a lo que ellos llaman desinformación, la manipulación de narrativas y las amenazas híbridas, pero, ¿Qué implica realmente este proyecto?, ¿Cuál es el riesgo real para las libertades públicas y la libre circulación de ideas?
¿Qué propone la Comisión Europea?
Algunos de los ejes del proyecto son:
La creación de un centro europeo —parte del denominado “Escudo por la Democracia”— para monitorizar e intervenir ante campañas de supuesta desinformación, campañas de influencia extranjera (principalmente de Rusia y China) y manipulación del “espacio informativo” europeo, como si dentro de Europa no hubiese manipulación informativa.
Una ampliación de las obligaciones para las plataformas digitales mediante la Digital Services Act (DSA), por la cual las grandes plataformas deberán colaborar en un “protocolo de crisis” para amenazas híbridas, identificar y atajar deep-fakes, IA generativa, etc.
Financiación de proyectos de “integridad informativa”, alfabetización mediática, lucha contra narrativas que ellos denominan falsas, mediante convocatorias de la Comisión.
Definición de “desinformación”
Se define el concepto como contenido “verificablemente falso o engañoso, creado, presentado y difundido con ganancia económica o intención de engañar, y que pueda causar un daño público”, es decir, lo que todos sabemos que se hace por parte de los Unión Europea y los estados miembros y los medios de comunicación generalistas.
En sentido estricto, la UE dice que actúa para “proteger los valores y los sistemas democráticos” frente a lo que llama “campañas de desinformación a gran escala” o “amenazas híbridas”.
¿Por qué hablamos de un ministerio de la verdad? (¿Y por qué es alarmante?)
Varios analistas y ONGs advierten que estas medidas equivalen, en la práctica, a la creación de un aparato institucional europeo que define qué narrativas son aceptables, cuál es el “discurso correcto”, y controla o suprime lo que se aparta de este marco, es decir, la disidencia.
Por ejemplo, el informe publicado por MCC Brussels afirma que “la Comisión ha montado un complejo de desinformación pagado por la UE que regula el lenguaje del debate público en Europa” y lo describe como “lo que podría llamarse el Ministerio Europeo del Control de Narrativas”.
Otro análisis afirma que “la UE ha sido acusada de tomar una página de 1984 de George Orwell al exigir que los Estados miembros establecieran ‘ministerios de la verdad’ para asegurar que los pensamientos erróneos y las palabras prohibidas no entren en el espacio digital”.
Dicho de forma sencilla: Si un organismo público decide qué es “desinformación” y qué no, y lo enlaza con obligaciones legales y tecnológicas para empresas y ciudadanos, se abre un riesgo grave de censura y totalitarismo, de autoconvencimiento institucional, y de erosión del debate libre.
Riesgos concretos para la democracia y la libertad
Aunque la definición de “desinformación” incluye palabras como “verificablemente falso”, en la práctica los márgenes de interpretación pueden ampliarse: ¿quién verifica? ¿existe apelación real? Cuando un organismo estatal dictamina qué información es aceptable, desaparece el necesario espacio para la discrepancia democrática.
Además, las plataformas digitales deberán cumplir con protocolos de crisis, reportar, colaborar, y quizá automatizar filtros o alertas. Esto significa que la moderación del discurso pasa a depender no solo de criterios empresariales sino de disposiciones públicas con efectos amplios. Riesgo: sobrerreacción, eliminación de discursos legítimos para evitar sanciones.
Millones de euros se destinan a campañas de “alfabetización”, “monitorización de narrativas”, etc. Según críticos, esto supone una industria pública-privada que promueve una mentalidad oficial de lo que es o no válido en el debate social.
Aunque el enfoque declarado es en combate de amenazas externas (campañas rusas, chinas, etc.), la infraestructura que se crea puede utilizarse también para controlar discursos políticos internos, movimientos ciudadanos o minorías que critican a las instituciones europeas. Una vez que el mecanismo está creado e institucionalizado, el riesgo de un mal uso intencionado es evidente.
Por último, si los ciudadanos perciben que el órgano regulador decide unilateralmente qué es verdad o mentira, el resultado puede ser justo lo contrario al que se pretende: una mayor polarización, fuertes reacciones contra “la élite” que controla el discurso, y una pérdida de legitimidad del sistema democrático. ¿Será eso lo que deberemos hacer como sociedad?
¿Qué respuestas deberíamos exigir como ciudadanos?
Transparencia absoluta: ¿Quién decide qué es “desinformación”? ¿Qué criterios aplican? ¿Cómo se puede apelar?
Control democrático y descentralización: No basta con que lo haga la Comisión Europea o una agencia; debe haber control parlamentario, público, y mecanismos independientes de revisión.
Protección estricta de la libertad de expresión: Todo mecanismo que regule el discurso debe preservar el derecho a criticar al poder, al sistema, a la UE misma.
Garantía de mínimas garantías procesales: Si una plataforma elimina contenido u obliga a un usuario a corregirlo, ¿cómo se protege su derecho? ¿Existe un juez independiente?
Freno al conflicto de intereses: Cuando se financian proyectos de “alfabetización mediática” desde el propio poder que regula, existe un sesgo enorme hacia lo institucionalmente aceptable.
Evaluación independiente de impacto antes de desplegar herramientas a gran escala.
El proyecto de la Comisión Europea para crear una estructura de vigilancia y control de la información no es trivial: está llamado a entrar en el corazón del debate público digital. Lo que podría venderse como “protección de la democracia” fácilmente se convierte en “gestión del discurso” y, en el extremo, en “control y persecución del pensamiento libre”.