La Ley de Seguridad en Línea (OSA) se ha presentado en el Reino Unido como una herramienta para proteger a los más vulnerables, especialmente niños, de contenidos dañinos y depredadores en internet, prometiendo un entorno digital más seguro y responsable. Sin embargo, las verdaderas intenciones detrás de su puesta en marcha están saliendo a la luz, desencadenando una ola de críticas que va más allá de los defensores de la privacidad, alcanzando a usuarios cotidianos, expertos en tecnología, artistas y hasta amplios sectores del Parlamento. Miles han firmado peticiones y se han iniciado acciones legales para cuestionarla.
Cada vez más se plantea la duda: ¿está esta ley realmente enfocada en la seguridad?
¿Qué implica realmente la Ley?
La Ley dota a Ofcom, el regulador de comunicaciones del país, de un control sin precedentes sobre el contenido digital. Obliga a las plataformas a vigilar, censurar y eliminar de manera proactiva cualquier material considerado “perjudicial”, incluso si no infringe la ley. Esto abarca discursos de odio, desinformación o acoso —cuyas definiciones se vuelven cada vez más ambiguas, porque, ¿quién decidirá qué es un delito de odio, acoso o desinformación?, y, asimismo, cuando les convenga, ¿se modificarán o adaptarán esas definiciones?
La ley abarca también hasta posibles sanciones penales para empresas que no cumplan.
Entre los más opuestos están aplicaciones como WhatsApp y Signal, que usan cifrado de extremo a extremo. La ley permite a las autoridades exigir puertas traseras para escanear mensajes, socavando la privacidad que estas plataformas garantizan. Las empresas que se nieguen podrían enfrentar multas, bloqueos o incluso ser consideradas ilegales. En esencia, la confidencialidad que se nos prometió está en riesgo.
Además, se castiga el “acceso no autorizado” a contenidos online, lo que, según críticos, podría complicar acciones tan simples como hacer clic derecho, revisar códigos fuente o consultar archivos archivados. La legislación, aunque de amplio alcance, deja muchas definiciones borrosas. ¿qué se pretende con ello realmente?
Una oposición en crecimiento
Cientos de miles de personas han respaldado peticiones para reformar o derogar la ley por completo. Expertos en tecnología advierten que podría “destruir” internet al forzar a las empresas a medidas que comprometen la privacidad o son inviables técnicamente. Reform UK ha prometido eliminarla si llega al poder, mientras los parlamentarios conservadores muestran división, con un número creciente expresando preocupación por su alcance.
Escritores, artistas y músicos denuncian que la ley reprime contenido político o controvertido bajo la etiqueta vaga de “perjudicial”. Periodistas temen por el periodismo de investigación, la disidencia y la libertad de expresión, y expertos en ciberseguridad lo hacen por el debilitamiento del cifrado, que deja a los usuarios expuestos. Lo que comenzó como una protesta minoritaria se ha convertido en un movimiento nacional que trasciende ideologías.
¿Seguridad o control?
Aunque la seguridad pública fue el argumento oficial, muchos ven en esta ley una herramienta para vigilar y controlar a la población. El poder dado a Ofcom para acceder a plataformas cifradas preocupa especialmente: mientras los gobiernos justifican escanear mensajes privados por “seguridad”, castigar su rechazo es otro asunto.
Publicaciones como The Critic han comparado esta ley con tratar a los adultos como niños desobedientes, y The Specteitor la asocia con regulaciones de regímenes autoritarios. Hay un temor creciente de que no sea una medida de protección, sino un medio para disciplinar el espacio digital y sus usuarios, un paso hacia limitar qué se dice, cómo y por quién.
¿Por qué ahora?
El Reino Unido atraviesa actualmente un momento de desconfianza hacia su gobierno, con tensiones económicas, migración masiva y un clima político inestable. Las plataformas online se han convertido en refugios para la disidencia, donde artículos, memes y videos reflejan el descontento. Censurar estos espacios, o incluso ocultar protestas, no está calmando las aguas; al contrario, está avivando la indignación.
La ley parece un intento de gestionar la disidencia bajo la excusa de la protección, quizás para desorganizar la oposición política o reprimir la libertad de expresión mientras se presenta como un beneficio para la ciudadanía.
La ley castiga contenido vagamente etiquetado como “perjudicial”, aunque no sea ilegal, abarcando críticas políticas, sátira u opiniones controvertidas. Los algoritmos de moderación deberán tomar decisiones morales sobre lo que afecta emocional o mentalmente, y su falibilidad plantea dudas sobre supervisión o apelaciones.
Críticos advierten que aquí radica el peligro: la línea entre daño y delito es difusa. Frases como “¿Los jóvenes de 16 años podrán votar, pero no ver la realidad de su país?” resuenan, especialmente al impedirles acceder a noticias de zonas de conflicto. Pueden elegir un partido que apoye guerras, pero no conocer sus consecuencias.
Estas reflexiones no vienen de teóricos marginales, sino de ciudadanos comunes que intentan entender la contradicción entre una sociedad abierta y un control estricto de la información.
El sentir público y el auge de la reforma
Reform UK, liderada por Zia Yusuf, ha hecho de la derogación de la ley un eje de su campaña. Yusuf la calificó ante sus seguidores como una “extralimitación casi distópica” y una traición a la democracia, reflejando una frustración general: el gobierno parece no confiar en que la gente piense por sí misma.
Lo novedoso de esta reacción es su unidad. Por primera vez, libertarios tecnológicos, artistas y populistas coinciden en ver una amenaza: no se trata de seguridad, sino de imponer obediencia.
Leyes como esta alteran cómo funcionamos. Internet se vuelve más rígido: las plataformas eliminan contenido por miedo a multas, los periodistas dudan antes de publicar, los denunciantes callan y el público piensa dos veces sus palabras para evitar censura.
La Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido abre un nuevo capítulo en la regulación de la libertad de expresión en el Reino Unido, y su impopularidad es evidente. Si el objetivo era la seguridad, parece haber fallado. Si apuntaba al control, está en camino de lograrlo. ¿Se trata de proteger a los niños o de mantener a todos bajo vigilancia?